LOS LUNES AL SOL: “Más justicia”
Amparo Panadero
El presidente provincial del PP, expresidente de la Diputación, secretario de la Cámara de Comercio y presidente de Aerocas se sentará en el banquillo, acusado de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales. Y esto no es una desinformación o manipulación o noticias tendenciosas. Es la decisión del titular del Juzgado de Nules quien ha decretado la apertura de juicio oral contra Carlos Fabra y ha impuesto un fianza de 4,2 millones de euros que debe depositar hoy como garantía para que, en caso de ser condenado, cumpla con su responsabilidad civil por el fraude fiscal y las multas implícitas de los otros delitos. Recordemos que, según los datos ofrecidos por los peritos de Hacienda, Carlos Fabra y Mª Amparo Fernández defraudaron 1,2 millones.
Paralelamente, Rajoy, el mismo que definiera a Carlos Fabra como un “ciudadano ejemplar”, ahora, desde el Gobierno, ya no quiere en sus filas este perfil de imputados en procesos judiciales. Y así se ha decidido en la Ponencia de Estatutos que debatirá el PP en su congreso nacional de febrero. En la Comunitat Valenciana, la llamada Carta de Compromisos que tendrán que suscribir y cumplir todos los cargos institucionales y orgánicos del PP, apartaría de la política a una amplia lista de notables de las tres provincias por su presunta implicación en casos de corrupción, malversación, cohecho y fraude fiscal.
Y frente a este mapa provincial, y autonómico, de la vergüenza, la educación, y otros servicios públicos de vital importancia, sufre el colapso gracias a la mala gestión de estos gobernantes. Una situación de irresponsabilidades que bien podría ser juzgada y vista para sentencia.
También frente a esta actualidad tóxica de una autonomía que no se lo merece el juicio al juez Garzón ha quedado visto para condena, como ya ha sido definido. Porque Garzón, que no ha delinquido, sí que ha cometido el error de ir contra corriente en un sistema judicial que solo blinda aquello que le interesa. En fin, que tras Garzón, la Audiencia Provincial de Castellón debería estar presuntamente bajo sospecha. Por poner un ejemplo.
